El discurso cuestiona directamente la postura de la defensa del gobierno valenciano en relación con las muertes ocurridas. Según el orador, el escrito de defensa reitera que el S-ALERT no era condición para evitar las muertes y que estas resultaban inevitables.
Se señala que la responsabilidad principal recaía en Salomé Pradas y en las personas presentes en el CECOPI, negando así cualquier posición de garante por parte del ejecutivo. El orador pregunta retóricamente sobre la utilidad del servicio valenciano de emergencias si no existe causalidad entre la activación de alertas y las muertes.
Además, se menciona que acciones como no llevar el móvil o acudir a un local eran evitables, contrastando con la falta de respuesta a las alertas ese día.