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El declarante ha subrayado la importancia de la transparencia absoluta en su intervención. Dirigiéndose a las señorías, ha afirmado que todo es transparente por sí mismo en el caso actual.

Un político español ha lanzado una fuerte acusación contra Marruecos al afirmar que el país envía deliberadamente a 80.000 personas hacia la frontera con España para derrocar al gobierno. Según sus palabras, esta acción cuenta con la colaboración de Washington, Tel Aviv y sectores de la derecha española, incluida la policía y la judicatura. El orador ha calificado directamente al rey Mohamed VI como asesino y ha tachado de traidores a la patria a policías, jueces y miembros del gobierno, a quienes acusa de conocer la supuesta operación. Ha descrito al Ejecutivo como pusilánime por no responder con firmeza a la situación. Las declaraciones se enmarcan en un contexto de tensión migratoria y política entre España y Marruecos, con referencias explícitas a actores internacionales y nacionales.

Un portavoz de la oposición ha denunciado que Marruecos desprotegió la frontera de Ceuta durante diez horas permitiendo la entrada masiva de personas. El representante cuestionó la actitud del presidente español y sugirió que podría existir algún tipo de chantaje o información sensible en poder de Rabat. Según el discurso, Ceuta atraviesa desde hace más de un mes crisis simultáneas de seguridad, orden público, salud y economía. El conjunto de España, añadió, afronta además una crisis de soberanía nacional que requiere respuestas claras. El orador insistió en que ningún temor personal puede anteponerse al interés del país y reclamó explicaciones sobre posibles documentos o conversaciones que expliquen la postura del Gobierno ante Marruecos.

La intervención parlamentaria se centra en la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio como el único cambio real en el escenario migratorio. Según el orador, el Gobierno no recibió alertas extraordinarias que anticiparan la crisis en Ceuta. Se revisaron todos los informes, mensajes y notas verbales remitidos por las fuerzas de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia tanto a las autoridades políticas como a la delegación del Gobierno en Ceuta. Ninguno de ellos fue más allá de avisos rutinarios ni previó la escala del incidente que finalmente se produjo.