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En una tensa audiencia judicial un abogado interroga a una testigo sobre posibles llamadas realizadas al secretario económico de presidencia. El letrado cuestiona si la testigo confabuló para incluir un confinamiento en un expediente oficial. La sesión se caracteriza por múltiples interrupciones y solicitudes de silencio a las presentes.

El discurso analizado denuncia la inacción del gobierno y el aprovechamiento de la extrema derecha para fomentar el rechazo social. Se mencionan incidentes como ataques a furgones con comida y al coche de una diputada como ejemplos de instigación al odio. El comentario cuestiona la existencia de un doble rasero racial en el debate público.

El discurso cuestiona directamente la postura de la defensa del gobierno valenciano en relación con las muertes ocurridas. Según el orador, el escrito de defensa reitera que el S-ALERT no era condición para evitar las muertes y que estas resultaban inevitables. Se señala que la responsabilidad principal recaía en Salomé Pradas y en las personas presentes en el CECOPI, negando así cualquier posición de garante por parte del ejecutivo. El orador pregunta retóricamente sobre la utilidad del servicio valenciano de emergencias si no existe causalidad entre la activación de alertas y las muertes. Además, se menciona que acciones como no llevar el móvil o acudir a un local eran evitables, contrastando con la falta de respuesta a las alertas ese día.

Un diputado ha expresado su profunda indignación durante una intervención parlamentaria al dirigirse a un responsable político relacionado con la gestión de la DANA. El orador ha señalado que la presencia del acusado le resulta una pérdida de tiempo y ha afirmado que solo merece estar en la cárcel por su actuación. Según sus palabras, el político permaneció cinco horas en un reservado mientras más de doscientas personas perdían la vida a causa de las inundaciones. El parlamentario ha aclarado que asiste al debate exclusivamente por petición de las familias de las víctimas y no tiene nada más que añadir al acusado.

Una diputada de la Asamblea de Ceuta ha sido confundida durante unos disturbios y ha tenido que aclarar en varias ocasiones que no son ellos los responsables de las deudas mencionadas por los manifestantes. Los gritos de 'no somos nosotros' se repiten mientras la situación se tensa y los presentes retiran cinturones y empujan. Sofía intenta proteger con un paraguas en medio del caos registrado en las calles de Ceuta.