La ministra de Sanidad niega el colapso en Ceuta y tacha de xenófobos a sus ciudadanos

Un político ha expresado su indignación por el contacto de la Casa Real con Javier Negre. Considera que se ha cruzado una línea roja al relacionarse con una persona que ha insultado a la reina y al rey, y que es profesional del bulo y la difamación. El mismo Negre está investigado por calumnias contra el político y fue condenado por publicar fotos de su hija menor. El político afirma que la jefatura del Estado no debería haber tocado a Negre ni con un palo y lamenta la falta de prudencia en las relaciones institucionales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reiterado que no ha solicitado ni necesita una residencia oficial tras siete años en el cargo. En sus declaraciones, rechazó la idea de pedirla a solo diez meses de las próximas elecciones y defendió que sus gestos previos serán valorados por quien corresponda. La dirigente criticó a sus adversarios y a la mayoría de ministros por no explicar su tren de vida, que considera financiado a costa de los ciudadanos. Señaló que revisar el patrimonio utilizado genera sonrojo por la doble vara de medir aplicada en este asunto. Finalmente, insistió en que lo importante es mantenerse centrada en el trabajo y no distraerse con polémicas, manteniendo su posición clara sobre el uso de recursos públicos.

El gobierno de Ceuta ha reclamado al ejecutivo central que utilice los medios disponibles para devolver a Marruecos a las personas adultas que entraron en la ciudad los días 30 y 31 de julio. Según el portavoz, esta acción permitiría recuperar la normalidad en un plazo no superior a 30 días. El representante local ha cuestionado la falta de actuación contundente y ha planteado tres posibles causas: ineptitud grave, irresponsabilidad ante la vulneración de la integridad territorial o el deseo de no molestar a Marruecos para mantener unas pseudo buenas relaciones.

Las urgencias sanitarias de Ceuta han pasado de atender unas 100 personas al día a 500, según el análisis del transcript. Esta situación se atribuye a la llegada irregular de unas 70.000 personas, algunas con patologías graves. Las competencias en materia de sanidad corresponden al Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y no a las ciudades autónomas. El refuerzo adoptado por el Ejecutivo se limita a la contratación de dos médicos y dos enfermeros, lo que el hablante considera insuficiente y exige la dimisión de la ministra por no asumir su responsabilidad.