La familia de María, una joven de 29 años que iba a cumplir los 30 en septiembre, ha expresado su dolor tras el asesinato de la mujer. Sus dos hijos, Saraima de 7 años y Antonio de 5, han quedado desamparados según relatan sus allegados.
Los familiares denuncian que se retiró la vigilancia o la denuncia sin comprobar si María actuaba por voluntad propia o bajo coacción. Exigen que se establezcan protocolos claros para estos casos y que no se produzcan recortes en los medios de protección.
El objetivo, según la declaración, es que María no se convierta en un número más y que este suceso sirva para mejorar los procedimientos y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.
