El testimonio expone la negativa de la Iglesia española a indemnizar a las víctimas de abusos sexuales cometidos por clérigos durante los últimos siete años. Según el relato, tras el acuerdo alcanzado entre la Iglesia y el Estado, la institución ha sido la primera en declararse moralmente insumisa y ha afirmado que solo compensará económicamente si existe una sentencia judicial.
El declarante detalla que interpuso una demanda civil en 2022 y que la representación eclesiástica, representada por Monserrat, lleva cuatro años alegando prescripción tanto penal como civil. La defensa sostiene que la demora en la denuncia es responsabilidad de la víctima y defiende la presunción de inocencia del agresor al no existir condena judicial firme.
El texto menciona también la imposibilidad práctica de que el Papa se reúna con todas las víctimas estimadas en España, cifradas en 440.000 casos de pederastia clerical.
